La abogada Silvina Barrientos sostuvo que las presentaciones judiciales continúan y cuestionó versiones difundidas sobre la causa contra Javier Galán.
La causa judicial que involucra al diputado provincial Javier Galán por presuntos hechos de abuso sexual sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la abogada Silvina Barrientos, representante legal de mujeres denunciantes, quien salió a responder versiones que circularon en redes sociales y medios de comunicación.
La letrada aseguró que las causas continúan en trámite y que actualmente se trabaja en la consolidación de pruebas antes de avanzar con nuevas presentaciones. Según explicó, no existe ninguna denuncia suspendida ni querella rechazada, sino una estrategia orientada a fortalecer cada instancia judicial.
“Estamos reuniendo todos los elementos necesarios para que las presentaciones sean sólidas”, sostuvo Barrientos, al tiempo que aclaró que la querella quedó supeditada al avance de la investigación y al proceso institucional relacionado con los fueros legislativos.
La abogada también cuestionó publicaciones atribuidas al propio Galán, a las que señaló como intentos de “desinformar” a la opinión pública. En ese marco, adelantó que parte de ese material podría ser incorporado al expediente como elemento de análisis dentro de la investigación.
Uno de los puntos más delicados planteados por Barrientos refiere a la situación laboral de una de las denunciantes. Según indicó, la joven habría sido designada como empleada de la Cámara de Diputados, aunque desempeñaba tareas en un ámbito privado relacionado con el legislador, una situación que —de comprobarse— podría derivar en otra línea de investigación vinculada al uso de recursos públicos.
La representante legal también hizo referencia al impacto emocional que atraviesan las denunciantes debido a la exposición pública del caso, aunque aseguró que mantienen firme la decisión de continuar el proceso judicial.
Mientras tanto, la causa sigue generando repercusiones políticas y mediáticas, en un contexto donde el debate público oscila entre la discusión judicial y las interpretaciones partidarias sobre el trasfondo del caso.
