La Justicia ordenó nuevas pericias en el marco de las denuncias contra el diputado provincial Javier Galán. El trámite podría derivar en un pedido de desafuero.
Desarrollo:
La situación judicial del diputado provincial Javier Galán continúa sumando capítulos y ya avanza formalmente una investigación sumaria que podría derivar en el análisis de un eventual desafuero legislativo.
Según publicó El Ancasti, el juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, ordenó las primeras medidas procesales dentro de la investigación jurisdiccional impulsada tras las denuncias penales que pesan sobre el legislador. Entre ellas figuran una pericia psicológica sobre la primera denunciante y el análisis de su teléfono celular.
El expediente incluye actualmente cuatro denuncias: tres vinculadas a presuntas situaciones de abuso o acoso sexual y una por amenazas. Además, en varias de las presentaciones aparecen menciones a posibles delitos relacionados con peculado de servicios y retención indebida de haberes.
La investigación tiene una particularidad institucional: al tratarse de un diputado provincial con fueros, el magistrado cuenta con un plazo de hasta dos meses para determinar si corresponde solicitar el desafuero ante la Cámara de Diputados. En caso de avanzar, la medida deberá ser tratada y aprobada por dos tercios del cuerpo legislativo.
En paralelo, el propio Galán reconoció públicamente que solicita “contribuciones voluntarias” a empleados vinculados a su estructura política y admitió que algunos trabajadores legislativos cumplían funciones en ámbitos relacionados con su actividad privada.
Uno de los puntos más sensibles de la causa gira justamente alrededor de esa posible utilización de personal legislativo en emprendimientos particulares, una situación que comenzó a generar interrogantes políticos dentro y fuera de la Legislatura provincial.
Además, en los últimos días se sumaron nuevas denuncias y testimonios que, según trascendió, complican aún más el escenario judicial del legislador del MID.
