El proceso judicial que pesa sobre el diputado Javier Galán (MID) entra en una instancia decisiva. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos realizará este viernes la primera audiencia oral por la apelación que presentó la defensa del legislador contra una resolución del juez de Control de Garantías, Marcelo Sago, quien interviene en la investigación por la denuncia de «amenazas agravadas por el uso de armas y peculado de trabajo o servicio» que había realizado contra Galán su propio empleado, Iván Luna Avellaneda —el mismo que había declarado como testigo en la causa por presunto abuso sexual que también involucra al legislador.
Una semana después, el 26 de agosto, se realizará una segunda audiencia oral, esta vez centrada en las tres denuncias de presunto abuso sexual que impulsaron el expediente original, presentado en abril por las abogadas Barrientos y Morales.
Ambas apelaciones se originan en la misma línea procesal: el juez Sago avanzó con la investigación jurisdiccional en los dos expedientes para determinar si corresponde solicitar el desafuero de Galán ante la Cámara de Diputados. En los dos casos, la defensa del legislador, a cargo del abogado Leonardo Berber, se opuso a que avanzara ese pedido y llevó la discusión al Tribunal de Alzada, que ahora deberá resolver si confirma o revierte el camino trazado por el juez de Garantías.
El nuevo cronograma judicial llega después de que Galán ya sufriera dos reveses en la misma causa: la Sala Penal de la Corte de Justicia le rechazó un planteo de recusación contra el propio juez Sago, a quien la defensa había acusado de «adelantar opinión», y también le rechazó un planteo de caducidad con el que buscaba que se declararan vencidos los plazos de la investigación sumaria previa al desafuero. En ambos casos, los tribunales coincidieron en que las objeciones de la defensa no alcanzaban para torcer el rumbo de la investigación.
El posible desafuero de Galán viene siendo, además, motivo de debate en la Legislatura, donde oficialismo y oposición discuten los tiempos y el fondo de la cuestión. El diputado Juan Carlos Ledesma ha sido uno de los principales impulsores de que se avance con el tratamiento del pedido, en cruces reiterados con el propio Galán. Mientras tanto, el legislador continúa en funciones y sostiene que se trata de una persecución política, en el marco de una causa que incluye además una investigación paralela vinculada al Banco de Medicamentos.
Con las dos audiencias, el expediente entra en una instancia clave: la Cámara de Apelación deberá expedirse formalmente sobre si corresponde sostener el avance de las causas tal como lo dispuso el juez Sago, lo que en los hechos también condiciona el ritmo con el que la Legislatura podría tratar el pedido de desafuero. Por ahora, ni el tribunal ni las partes involucradas adelantaron públicamente expectativas concretas.
«Enfrentá la Justicia»
En paralelo, Pedro Saracho, referente del Partido Obrero, volvió a cruzar públicamente al legislador a través de un comunicado, en el que lo instó a renunciar a los fueros parlamentarios para enfrentar el proceso judicial en su contra: «Sacate los fueros y enfrentá la Justicia», lo desafió, y agregó que la imagen pública que proyecta el diputado, por sí sola, no alcanza para sostenerse: «Con la quijada no alcanza».
Diferencias con el sector libertario
Galán también volvió a marcar diferencias con el sector libertario a través de otro comunicado, en el que —sin mencionarlo directamente— apuntó contra el diputado nacional Adrián Brizuela (La Libertad Avanza), a quien el legislador Carlos Aibar Quintar había calificado como «un prócer» en medio de la discusión por una eventual candidatura a la gobernación. «Si enfrente tenemos a un prócer, ¿qué puede hacer una persona común y corriente como yo?», ironizó Galán, quien se definió como «un catamarqueño más» que camina los problemas de la provincia en lugar de conocerlos «por un informe», y cuestionó a los dirigentes que pasan «más tiempo en Buenos Aires que en Catamarca».
