La decisión del Gobierno de no renovar el permiso de explotación de la línea 104 a la empresa El Nene SRL llegó después de meses de dificultades acumuladas: atrasos en el pago de salarios, deudas con organismos nacionales y una flota tan deteriorada que la empresa no lograba poner en la calle los colectivos mínimos indispensables para cubrir la demanda de trabajadores, estudiantes y usuarios en general. Ahora el proceso avanza con una oferta sobre la mesa: 20 colectivos Mercedes-Benz y la incorporación de los 54 trabajadores del servicio.
Las dificultades de la empresa
Los problemas se hicieron visibles en abril. Según informó la UTA, El Nene adeudaba más del 30% de los haberes de marzo a un plantel de unos 60 empleados, de los cuales 45 eran choferes. Desde la empresa explicaron que atravesaban dificultades económicas por retrasos en los pagos estatales y por la caída de pasajeros, un fenómeno que, señalaron, se replica en otros sistemas del país.
Los atrasos volvieron a generar conflicto. A mediados de mayo, los choferes pararon durante 48 horas por la falta de pago de los sueldos de abril, después de que la empresa no cumpliera un compromiso previo de regularizar la situación. A comienzos de agosto, la UTA anunció un nuevo paro de 48 horas por la misma razón y, en ese contexto, fuentes consultadas por El Esquiú indicaron que el Ministerio de Transporte analizaba retirar la concesión.
A los atrasos salariales se sumaban deudas con organismos nacionales, que agravaban el cuadro financiero de la firma.
Pero el problema central era el estado de la flota. Según relatan los propios empleados, con unidades viejas debían armar y desarmar coches y sacar repuestos de unos para hacer andar los pocos que todavía funcionaban. El resultado era un servicio que no lograba sostener la cantidad mínima de colectivos que exigía la demanda diaria.
Por qué la decisión tardó
Con ese panorama, la pregunta era por qué el Gobierno no actuó antes. Todo indica que el principal freno fueron los trabajadores. Un cierre abrupto de la empresa podía dejar a más de 50 familias sin sustento, y en pleno conflicto la propia UTA advertía sobre la continuidad de la firma y exigía que se garantizaran todos los puestos de trabajo.
La resolución final llegó cuando el deterioro ya no admitía más espera. En octubre, tras detectar unidades con cubiertas desgastadas, colectivos dados de baja que seguían circulando y nuevos rechazos en las revisiones técnicas, la Secretaría de Transporte resolvió no renovar el permiso. El secretario Lucas Stampfli confirmó en Radio El Esquiú que se convocaría a otras empresas y que cuatro unidades habían sido retiradas de circulación por el desgaste de sus neumáticos.
La clave fue el modo de hacerlo. La convocatoria exigió que la empresa seleccionada incorporara unidades en condiciones y garantizara la continuidad laboral del personal afectado, para dar el primer paso sin dejar a nadie en la calle.
La apertura de sobres
La convocatoria se lanzó el 27 de octubre, dirigida a las prestadoras habilitadas de la provincia, para la cobertura integral de la línea 104 y sus cuatro ramales. Las bases pedían 20 colectivos modelo 2024 o más nuevos, con aire acondicionado obligatorio, la continuidad de todos los trabajadores y la instalación, a cargo de la empresa, de las validadoras SUBE y del monitoreo satelital de la Secretaría en todas las unidades. Entre los criterios de selección figuraban la antigüedad promedio de la flota ofrecida y el plazo para empezar a prestar el servicio.
El viernes 30 de octubre se realizó la apertura de sobres, con una única oferta de una empresa local. Según informó el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la propuesta incluye:
- 20 colectivos Mercedes-Benz: 15 modelo 2024, de piso bajo, con aire acondicionado, caja automática y rampa de acceso para personas con discapacidad, y 5 cero kilómetro, con aire acondicionado y caja automática.
- La incorporación de la totalidad de los 54 trabajadores hoy afectados al servicio, entre choferes y personal administrativo y técnico.
Los trámites que siguen
La oferta todavía no está adjudicada. La documentación ya está siendo evaluada y sigue los trámites administrativos, provinciales y nacionales, necesarios para que una nueva empresa pueda tomar el servicio. Las áreas legales y técnicas verifican el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y de los criterios de selección previstos en las bases.
Mientras se define el reemplazo, el Gobierno aseguró que la línea seguirá funcionando. Hoy lo hace en el mínimo necesario para cubrir la demanda, y la menor cantidad de unidades disponibles puede alterar las frecuencias habituales.
Dos modelos para renovar la flota
La estrategia catamarqueña difiere de la de otras provincias. En Tucumán, por ejemplo, el Gobierno provincial compró 100 colectivos cero kilómetro y los puso a disposición de los empresarios del sector bajo un esquema de leasing, con el objetivo de recuperar los fondos para seguir comprando unidades. El gobernador Osvaldo Jaldo explicó que la medida respondía a una flota envejecida y a que la provincia debió hacerse cargo de las compensaciones al transporte tras el retiro de los subsidios nacionales.
En Catamarca, en cambio, el camino fue otro: son las empresas privadas las que ponen el capital para renovar las unidades, mientras el Estado fija las exigencias. La Ley de Transporte establece una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos, y Stampfli advirtió en agosto que no se renovarían los permisos de quienes no incorporaran unidades nuevas. En las últimas semanas, además, se regularizaron los permisos de otras empresas prestadoras del Valle Central.
Y la 104 no es el único caso. Otras empresas del sistema también trabajan en la renovación de sus flotas, con unidades que aportan más confort al usuario. En septiembre de 2025, por ejemplo, el gobernador Raúl Jalil presentó siete unidades nuevas de la empresa 25 de Agosto, entre ellas colectivos urbanos de piso bajo, caja automática, aire acondicionado y calefacción, y destacó el esfuerzo del sector privado para modernizar la flota. El ministro Eduardo Andrada habló entonces de un plan de recambio que había permitido dar de baja 80 unidades antiguas y sumar 60 colectivos nuevos.
Las expectativas
Desde el Ministerio sostienen que la iniciativa apunta a ofrecer unidades más modernas, confortables, accesibles y seguras, mejorar la previsibilidad del servicio y preservar las fuentes de trabajo. Para el usuario, el cambio sería pasar de una flota agotada a coches nuevos o de reciente modelo.
Un dirigente de la UTA, consultado por otros medios locales, consideró que los cambios pueden ser un punto de partida para ordenar el servicio, aunque planteó que además hay que respetar los horarios y evaluar una reestructuración de los recorridos. También advirtió que la demanda de transporte público viene cayendo en la provincia, otro desafío que el próximo operador tendrá que enfrentar.
