En un mundo donde la inclusión suele limitarse a los discursos o a las fechas conmemorativas, proyectos como el impulsado por el diputado provincial Juan Carlos Ledesma traen la discusión al terreno donde verdaderamente importa: el de la vida diaria. Su propuesta para que los supermercados de Catamarca incorporen carros de compras adaptados para personas con discapacidad motriz y niños con movilidad reducida no solo es una medida de accesibilidad, sino un acto de justicia social.
Porque la inclusión real no se trata de grandes gestos, sino de eliminar esas pequeñas barreras que, en silencio, excluyen. ¿Cuántas veces una persona en silla de ruedas tuvo que depender de otro para hacer algo tan simple como hacer las compras? ¿Cuántas familias con niños con discapacidad debieron resignar su independencia porque un carro común no se adapta a sus necesidades?
Ledesma lo sintetizó con claridad: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho.” Y esa frase debería resonar en todos los ámbitos, públicos y privados. La autonomía, la libertad de movimiento y la posibilidad de elegir sin depender del otro son parte del ejercicio pleno de la ciudadanía.
Los detalles técnicos del proyecto —carros con acople universal, cinturones de seguridad, estructuras livianas, plazos de adecuación— muestran que no se trata de una idea simbólica, sino de una propuesta concreta y realizable. Y aunque algunos empresarios puedan verla como un gasto, en realidad es una inversión en dignidad y en igualdad.
Catamarca tiene la oportunidad de convertirse en ejemplo, demostrando que la empatía también puede traducirse en leyes. Garantizar que todos puedan hacer algo tan cotidiano como comprar sin obstáculos es una forma de decir que la inclusión empieza en los pasillos del supermercado, pero termina construyendo una sociedad más justa y humana.
