Hablar de crisis se volvió casi automático. Pero hay una pregunta que incomoda y que pocos hacen: ¿desde cuándo estamos en crisis? Porque la respuesta es clara, aunque no guste: esto no empezó ayer.
Catamarca arrastra problemas estructurales desde hace más de dos décadas. A comienzos de los 2000, en medio del colapso económico, convivíamos con múltiples monedas: bonos provinciales, lecops y otros instrumentos que reflejaban un sistema quebrado. En ese contexto, se firmaban pactos fiscales con municipios para sostener salarios y evitar que crecieran las plantas estatales.
La pregunta es directa: ¿qué cambió en 25 años?
La respuesta es incómoda: casi nada en lo esencial. Cambiaron los nombres, las gestiones y los discursos, pero la estructura sigue intacta. Pasaron varias generaciones de intendentes y la mayoría de los municipios no logró desarrollarse. La brecha con la capital se amplió y el interior continúa dependiendo del Estado como única salida.
Acá aparece un error de fondo: se sigue confundiendo desarrollo con obra pública. Y no es lo mismo. El desarrollo real no se mide por la cantidad de obras inauguradas, sino por la capacidad de generar empleo privado y sostener una economía dinámica. Cuando una sociedad depende casi exclusivamente del empleo público, el crecimiento es limitado y frágil.
A principios de siglo, la minería aparecía como una oportunidad histórica. Generó ingresos importantes, pero no dejó desarrollo estructural. Ese es el problema de fondo: no se transformó esa riqueza en un modelo económico sostenible.
Y lo más paradójico es que Catamarca tiene recursos. Basta recorrer el este provincial, transitar la Ruta 64 o internarse en la zona de Los Altos para ver producción agrícola, ganadera y potencial económico real. Hay capacidad. Hay condiciones. Lo que falta es una política de Estado que ordene y potencie ese desarrollo.
En lugar de eso, predomina una lógica de corto plazo: anuncios, obras, fotos. Polideportivos, terminales, infraestructura que puede ser necesaria, pero que no resuelve el problema estructural. Porque el verdadero desafío es otro: generar trabajo genuino y mejorar el poder adquisitivo.
En el interior, la situación es aún más crítica. Los ingresos son más bajos, el costo de vida muchas veces más alto y el empleo estatal es, en muchos casos, la única alternativa. El resultado es una economía estancada y una sociedad cada vez más dependiente.
A esto se suma una crisis de representatividad. Los gremios, que históricamente fueron actores centrales, hoy muestran un desgaste evidente. El crecimiento del empleo informal los debilitó y muchos trabajadores ya no se sienten representados. Por eso surgen los autoconvocados: cuando el sistema no responde, la gente busca otros caminos.
También hay problemas de fondo en la transparencia institucional. Designaciones poco claras, mecanismos que no se explican y estructuras que siguen funcionando con lógicas difíciles de justificar en la actualidad. Todo eso erosiona la confianza.
No hay magia posible: sin decisión política real, no hay desarrollo.
La crisis que hoy se discute no es un accidente ni una sorpresa. Es el resultado de años de malas decisiones, de falta de planificación y de una dirigencia que, en muchos casos, administró los problemas en lugar de resolverlos.
Y también hay una responsabilidad social. Porque cuando la sociedad naturaliza estas prácticas o mira para otro lado, termina sosteniendo el mismo sistema que después critica.
La crisis no apareció de golpe. Se fue construyendo durante años. Y si no cambia la lógica de fondo, no solo va a continuar: va a profundizarse.
