El Gobierno de la Provincia de Catamarca desmintió versiones sobre una eventual reducción de horarios en el servicio de transporte público de pasajeros y aseguró que no existe ninguna autorización oficial para modificar frecuencias ni recorridos.
Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte, se recordó que el sistema se encuentra regulado por la Ley Provincial N° 4906, que establece al transporte como un servicio público esencial, el cual debe garantizarse con continuidad, regularidad y obligatoriedad.
En este marco, se aclaró que las empresas concesionarias no pueden disponer reducciones unilaterales y que cualquier modificación en el servicio requiere autorización expresa de la Autoridad de Aplicación. “No se ha autorizado ninguna reducción horaria”, indicaron fuentes oficiales.
Asimismo, el Gobierno provincial detalló los aportes económicos realizados durante el Ejercicio 2025 para sostener el sistema de transporte público. Según datos oficiales, el Estado provincial transfirió un total de $10.366.610.043,92, discriminados de la siguiente manera:
En concepto de Subsidio Provincial al Transporte Público, destinado a sostener la prestación del servicio, se transfirieron $7.231.524.688,55, mediante pagos mensuales efectuados a lo largo de todo el año.
Por su parte, a través del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) en el Valle Central, orientado a garantizar el acceso de estudiantes al transporte, se abonaron $3.135.085.355,37, correspondientes a los meses comprendidos entre marzo y diciembre de 2025.
Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que los pagos se realizaron conforme a las partidas presupuestarias ejecutadas y que no existen atrasos acumulados de tres ni cuatro meses, como se afirmó públicamente, aclarando que dichas versiones no se corresponden con la realidad administrativa ni contable del Estado.
No obstante, y reconociendo una disminución en la demanda del servicio, el Gobierno convocó a las empresas prestatarias a una mesa técnica de trabajo para analizar la estructura de costos y las variables económicas del sistema, en un marco de responsabilidad fiscal y sostenibilidad.
Finalmente, el Ejecutivo provincial reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio público de transporte, la protección de los usuarios y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
