En medio de la polémica por el otorgamiento de créditos millonarios a funcionarios, el Banco Nación decidió eliminar la normativa que habilitaba a cargos políticos a acceder a préstamos hipotecarios en condiciones preferenciales.
La medida se formalizó a través de una nueva circular que deja sin efecto un apartado incorporado en 2024 dentro de la reglamentación 802, donde se incluía explícitamente a funcionarios y cargos electivos como posibles beneficiarios. La decisión busca desactivar el fuerte impacto político generado tras conocerse que decenas de dirigentes accedieron a financiamiento por montos elevados, en muchos casos destinados a segundas o terceras viviendas.
El caso generó críticas por presuntos privilegios en el acceso al crédito, especialmente en un contexto donde la mayoría de los solicitantes enfrenta mayores restricciones para acceder a este tipo de financiamiento. Según trascendió, varios de los beneficiarios pertenecían a áreas vinculadas al Ministerio de Economía, lo que amplificó la repercusión del escándalo.
La eliminación de la norma aparece como un intento de contener el costo político y responder al malestar público, en un escenario marcado por cuestionamientos sobre transparencia y equidad en el uso de recursos del sistema financiero estatal.
