Madrid, 4 de febrero de 2026 – El Gobierno español anunció este martes una medida que ya está generando debate internacional: prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, X y Snapchat. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó la propuesta durante la World Government Summit en Dubái, dentro de un paquete de reformas para reforzar la protección digital de la infancia y poner límites al poder de las grandes plataformas tecnológicas.
La iniciativa busca elevar de 14 a 16 años la edad mínima para usar redes sociales, eliminando incluso la opción de hacerlo con autorización parental. Según el Ejecutivo, la legislación actual, basada en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ha resultado insuficiente y facilita que niños y niñas naveguen sin filtros por espacios saturados de contenidos nocivos, violentos o sexualizados.
Una pieza clave del proyecto es la obligación de las plataformas de implementar sistemas robustos de verificación de edad, no simples casillas de confirmación, sino métodos eficaces que impidan la creación de cuentas de menores. Sánchez ha insistido en que este cambio busca “proteger a nuestros hijos de un entorno que nunca debió ser su espacio natural”.
Además de la prohibición por edad, el plan contempla que los ejecutivos de las empresas tecnológicas sean legalmente responsables por el contenido ilegal o de odio que circula en sus plataformas, y la creación de mecanismos para medir y contrarrestar la amplificación de discursos perjudiciales a través de algoritmos.
La propuesta se enmarca en un movimiento global: Australia ya implementó en diciembre pasado una prohibición similar para menores de 16 años, y países europeos como Francia y Grecia están debatiendo medidas relacionadas. Organizaciones como Save the Children valoran la intención de proteger a la infancia, aunque advierten que la prohibición por sí sola no garantiza seguridad sin educación digital y controles efectivos.
La iniciativa, que todavía debe ser debatida y aprobada por el Parlamento español, ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores aplauden el enfoque preventivo frente a los riesgos de la exposición digital temprana, críticos cuestionan tanto su eficacia práctica como las implicancias para la libertad de expresión y educación digital de los jóvenes.
