La reciente auditoría realizada en la cantera El Barrial, ubicada en la jurisdicción de Medanitos, lejos de llevar tranquilidad plena a la comunidad, volvió a encender un profundo debate social sobre el verdadero impacto de la actividad minera en Fiambalá y en las localidades del interior distrital, especialmente Medanitos y Saujíl.
Según se informó oficialmente, personal de Inspección Municipal y de Obras Públicas visitó el predio y evaluó las operatorias que allí se desarrollan. De acuerdo a lo manifestado a la prensa local, la evaluación fue considerada “positiva”, destacándose aspectos vinculados a la seguridad, el cuidado del personal, el orden, la limpieza del campamento, así como las instalaciones y los procesos de trabajo. Desde la empresa Servicios San Francisco también expresaron su satisfacción, reafirmando —según sus propias palabras— el compromiso con una actividad minera “responsable, segura y alineada a las buenas prácticas del sector”.
Sin embargo, más allá de estos informes oficiales, la publicación generó una inmediata reacción en la opinión pública, donde numerosos vecinos pusieron el foco en cuestiones que, aseguran, siguen sin respuesta clara ni beneficios concretos para la región.
Uno de los principales cuestionamientos apunta directamente a la empresa San Francisco, señalada por vecinos como una de las pocas —o casi la única— que habría recibido controles en la cantera, pese a que desde ese lugar se extraen diariamente cientos de toneladas de arenas puzolanas. Este material volcánico, rico en sílice y alúmina, es ampliamente utilizado tanto en la construcción —por su ligereza y resistencia en hormigones— como en jardinería y usos decorativos, lo que evidencia una actividad de alto valor económico.
En ese contexto, la comunidad se pregunta qué beneficios reales dejó y deja esta explotación minera en Fiambalá, Medanitos y Saujíl. Hasta el momento, sostienen, nunca se conocieron aportes significativos y tangibles para los pueblos, ni en obras, ni en mejoras de infraestructura, ni en compensaciones visibles. Del mismo modo, persiste el interrogante sobre si la empresa o los transportistas del material tributan impuestos específicos que se traduzcan en beneficios directos para las localidades afectadas.
A estas dudas se suma un reclamo histórico: el deterioro permanente de la Ruta Provincial N° 34, especialmente en el trayecto que une Fiambalá, Saujíl y el cruce de Medanitos hasta el acceso a la cantera. Vecinos advierten que el tránsito constante de camiones de gran porte, cargados con arenas puzolanas, no solo destruye la calzada, sino que también provoca daños en calles públicas de Fiambalá y en viviendas particulares, debido a las vibraciones que genera el paso continuo de estos vehículos.
Entre los comentarios que reflejan el malestar social se destacó el de Claudio Alejandro Cheong, quien expresó públicamente una inquietud concreta y cotidiana: la falta de señalización vial. “Me parece bien que cumplan en la cantera según sus estudios, pero los camiones pasan por Saujíl y tanto la ruta como las casas sufren ese desgaste y movimiento. Aunque sea podrían pintar las líneas del medio de la ruta. De noche, con las luces fuertes de los camiones, no se sabe si uno circula por el asfalto que queda o por la tierra”, manifestó, sintetizando una preocupación compartida por muchos vecinos.
Así, mientras los informes oficiales resaltan el cumplimiento interno dentro de la cantera, la comunidad continúa reclamando una mirada más amplia que contemple el impacto real fuera del predio: el estado de las rutas, la seguridad vial, los daños estructurales, la falta de señalización y, sobre todo, la ausencia de beneficios concretos y transparentes para los pueblos que conviven a diario con esta actividad minera. El debate sigue abierto.
