El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, tras una votación marcada por fuertes diferencias políticas y debates intensos en el recinto. La iniciativa fue aprobada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, y ahora deberá ser reglamentada para su plena implementación.
La sesión legislativa dejó en evidencia la polarización de posiciones dentro de la representación catamarqueña. La senadora Lucía Corpacci (Unión por la Patria) y el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) votaron en contra del proyecto, cuestionando su enfoque punitivo y señalando la falta de políticas preventivas y recursos presupuestarios para la reinserción de jóvenes.
En contraste, el senador Flavio Fama (UCR) apoyó la medida junto a la mayoría oficialista, argumentando que la legislación data de 1980 y que la sociedad exige respuestas más firmes frente a delitos cometidos por adolescentes.
La nueva ley no solo fija la imputabilidad en 14 años, sino que también establece que los menores no deberán compartir espacios con adultos y crea procedimientos judiciales especializados para adolescentes de entre 14 y 18 años. El Gobierno nacional comprometió una partida de más de $23.700 millones para facilitar la creación de institutos y el nuevo sistema de justicia juvenil, aunque la oposición advierte que estos recursos podrían no ser suficientes.
Este cambio legal profundiza el enfoque punitivista en la política criminal juvenil y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo abordar la seguridad y la justicia en Argentina, especialmente en temas de prevención, rehabilitación y reinserción social.
