En una jornada marcada por la confrontación política, el oficialismo y la oposición en la Legislatura provincial protagonizaron un intenso cruce de acusaciones en torno a la gestión del endeudamiento público, tanto a nivel nacional como en Catamarca. La disputa se centró en la toma de créditos por parte del Gobierno nacional y en un crédito provincial autorizado recientemente.
El debate comenzó cuando el presidente del bloque oficialista, Juan Carlos Ledesma, cuestionó el nuevo endeudamiento del Gobierno nacional por 3.000 millones de dólares, señalando que se vuelve a recurrir a mecanismos de financiamiento que han fracasado en el pasado.
La respuesta no se hizo esperar. El diputado opositor Mamerto Acuña (Generación del Cambio) llevó la discusión al plano local, acusando al oficialismo provincial de montar “una doble vara” al criticar la deuda de Nación sin reconocer, dijo, decisiones mucho más graves en Catamarca. Para Acuña, el proceso de endeudamiento provincial —que se concretó a través de un decreto del Ejecutivo a fines de diciembre— fue desordenado, sin planificación y con un costo financiero muy alto, que terminó obligando a aceptar una oferta de financiamiento menor a la proyectada y a tasas elevadas que, según el legislador, “terminará afectando a la gente”.
Ledesma no se quedó atrás y retrucó en duros términos. El legislador oficialista recordó que durante la gestión de Acuña como ministro de Hacienda se tomaron créditos que, según él, encuadran en endeudamiento legítimo, y acusó al opositor de negar hechos documentados y pasar por alto decisiones tomadas en ese período que, a su juicio, agravaron la situación financiera de la provincia.
El oficialista también apuntó a cuestiones de gestión del pasado, recordando que en gobiernos anteriores se redujeron salarios y jubilaciones, y se pagó sueldos en cuotas, al tiempo que criticó la falta de memoria política de sus adversarios. “Los hechos, los documentos y la historia reciente de Catamarca hablan por sí solos”, afirmó.
El cruce deja en evidencia una fractura más profunda en la política local, donde las diferencias sobre cómo abordar la deuda y la responsabilidad fiscal se traducen en acusaciones cruzadas, marcado por un clima de confrontación que, por ahora, no muestra señales de amainar.
