Una vez más, la política local parece optar por el camino más corto. El proyecto presentado por los concejales Diego Figueroa y Eleonora Sopaga en San Fernando del Valle de Catamarca pone el foco en los “trapitos”, pero evita discutir el problema de fondo: la exclusión social y la falta de oportunidades reales.
No es nuevo. Cada tanto, el debate público encuentra un blanco fácil. Esta vez son los cuidacoches y limpiavidrios, antes fueron los manteros, y mañana será otro sector vulnerable. El patrón se repite: se simplifica un problema complejo, se lo reduce a una cuestión de orden y se propone como solución más control, más sanción y más castigo.
El discurso es efectivo. Apela al malestar cotidiano de los vecinos, a la incomodidad de tener que pagar por estacionar en la vía pública o a situaciones de abuso que, sin dudas, existen y deben abordarse. Pero convertir a todos en una amenaza es otra cosa. Ahí es donde la línea entre ordenar y estigmatizar se vuelve peligrosamente difusa.
Plantear que la solución pasa por “tolerancia cero” y el uso de la fuerza —aunque sea no letal— es, en el mejor de los casos, una respuesta parcial. En el peor, una forma de correr el eje: del problema estructural a la persecución del eslabón más débil.
Porque detrás de cada “trapito” hay una historia que no entra en un proyecto de ordenanza. Hay informalidad, sí, pero también desempleo, marginalidad y un Estado que llega tarde o directamente no llega. Y eso no se resuelve con multas ni con operativos.
Ordenar el espacio público es necesario. Nadie discute eso. Pero ordenar no debería ser sinónimo de excluir. Ni mucho menos de etiquetar. Cuando la política elige el atajo de señalar, en lugar de hacerse cargo de la complejidad, el resultado suele ser el mismo: más tensión social y menos soluciones duraderas.
En definitiva, la pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿se busca resolver el problema o simplemente hacerlo desaparecer de la vista?
