Catamarca dio un primer paso formal hacia algo que la provincia venía debiendo desde hace tiempo: contar con una herramienta propia para prevenir la tortura y los tratos crueles en los lugares donde hay personas privadas de su libertad. El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Defensoría del Pueblo firmaron un acuerdo de cooperación que sienta las bases para crear el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, en línea con estándares internacionales de derechos humanos y con lo previsto por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).
La firma se realizó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso, y contó con las rúbricas del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera; y el secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga.
Por ahora, el convenio funciona como un marco preparatorio y transitorio: no crea todavía el mecanismo en sí, pero sí ordena el trabajo previo. Entre los puntos centrales figuran la elaboración de un Plan Provincial de Adecuación a las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el intercambio de información entre organismos, el diseño de protocolos de actuación, la capacitación de personal y el desarrollo de herramientas técnicas que allanen el camino hacia la futura puesta en marcha del organismo.
Durante el acto, el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, explicó que la iniciativa se viene trabajando desde fines del año pasado junto al Ministerio de Gobierno, en respuesta a lo que definió como una deuda institucional de la provincia en esta materia. Según detalló, la firma de este acuerdo marca el punto de partida para desplegar acciones preventivas concretas y, en paralelo, avanzar con un proyecto de ley que le dé sustento jurídico al futuro organismo provincial.
Mera adelantó además que ya hubo primeros contactos con legisladores para impulsar la iniciativa en la Legislatura, con el objetivo de adecuar la normativa catamarqueña a los estándares que fijan Naciones Unidas y el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
