Con modificaciones respecto de la propuesta original, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en su novena sesión ordinaria, el proyecto que transforma a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) en Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima Unipersonal (CAMYEN S.A.U.), manteniendo el 100% del capital social en manos del Estado provincial. La iniciativa ahora deberá regresar al Senado para su revisión.
El debate dejó en evidencia dos posturas claramente diferenciadas. El oficialismo defendió la transformación como una modernización necesaria para dotar a la empresa de mayor capacidad operativa, mientras que distintos bloques opositores plantearon reparos sobre las facultades para disponer de propiedades mineras y sobre los mecanismos de control del patrimonio estatal. Como miembro informante, el diputado Damián Brizuela (FT) fue contundente: «Aquí no se está privatizando absolutamente nada». Según explicó, la provincia seguirá siendo la única accionista y lo que se modifica es el régimen jurídico, no la propiedad de los recursos: «Lo que estamos debatiendo hoy no es la propiedad de los recursos, sino la eficiencia en su gestión».
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el directorio podrá ceder, transferir o disponer de derechos mineros, previo análisis de criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales, mientras que una parte de los fondos obtenidos por transferencias onerosas de propiedades mineras deberá destinarse al fondo fiduciario de regalías mineras. También se estableció la obligación de publicar información sobre propiedades, contratos y estados contables de la empresa. Entre las modificaciones incorporadas durante el debate, Brizuela destacó que la comisión fiscalizadora quedará integrada por dos síndicos titulares y dos suplentes, con participación de la primera minoría legislativa, además de la obligación de presentar un informe anual ante ambas cámaras.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Mateo Manti acompañó la transformación societaria, aunque remarcó que su bloque había presentado observaciones sobre el equilibrio entre eficiencia, competitividad y transparencia. La diputada radical Alicia Paz coincidió en la necesidad de transformar CAMYEN, pero cuestionó que la ampliación de facultades no viniera acompañada de garantías suficientes: «Cuanto mayor sea el poder de decisión que otorgamos, mayores tienen que ser los controles». Entre los reclamos de su bloque mencionó un informe anual obligatorio al Legislativo, autorización legislativa para operaciones de magnitud significativa y una auditoría externa independiente de carácter público. «No estamos pidiendo que la Legislatura administre CAMYEN», aclaró, y remarcó que la discusión no debía plantearse como una disputa entre quienes apoyan o rechazan la minería: «Nosotros sí queremos minería. Queremos inversión. Queremos desarrollo y queremos empleo».
En defensa de las modificaciones incorporadas, la diputada María Argerich (FT) destacó el consenso alcanzado en comisión y puso el foco en la participación de la primera minoría en la sindicatura, que —según explicó— «va a garantizar que la transparencia no sea posterior, sino que sea anterior al proceso». También remarcó la intervención del Tribunal de Cuentas como órgano de control externo.
Desde el MID, el diputado Fernando Baigorrí anticipó su rechazo, centrado en la posibilidad de vender o transferir propiedades mineras de CAMYEN y en lo que consideró falta de precisión en algunos mecanismos de la iniciativa, además de reparos sobre el acceso a la información pública cuando pudiera invocarse el secreto empresarial. En la misma línea, el diputado Tiago Puente (Generar) anticipó el voto negativo de su bloque, al vincular la adecuación societaria con cuestionamientos más amplios que su espacio viene planteando sobre la transparencia en la actividad minera y el funcionamiento de CAMYEN.
Tras un cuarto intermedio, el proyecto fue sometido a votación nominal y aprobado por mayoría, con 29 votos positivos, 10 negativos y dos ausentes. La sanción incorporó modificaciones a dos artículos y la incorporación de uno nuevo, por lo que la iniciativa regresa al Senado para su revisión.
