La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto del diputado Eduardo Andrada (FT) que crea el Programa Provincial Entornos Urbanos Seguros (EUS), orientado a intervenir sobre veredas deterioradas, fachadas e inmuebles urbanos en desuso, con foco en la seguridad, la accesibilidad y la protección de la salud pública.
Andrada remarcó que el objetivo va más allá de lo estético: «No es un proyecto estético», planteó, al señalar que el deterioro de veredas, inmuebles abandonados y baldíos sin mantenimiento se convirtió en «barreras arquitectónicas» que afectan especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad, además de generar inseguridad y riesgos sanitarios.
El programa financiará y ejecutará obras de reparación de veredas, puesta en valor de fachadas con relevancia arquitectónica y saneamiento de inmuebles urbanos en desuso. Entre las prioridades figuran las viviendas habitadas por personas mayores de 65 años y personas con discapacidad acreditada: en esos casos, la provincia podrá cubrir el costo de materiales, mientras los municipios adherentes aportarán la mano de obra y la supervisión, sin trasladar el costo al frentista.
Otro instrumento previsto es un recargo del 50% sobre la alícuota del impuesto inmobiliario provincial para inmuebles en radios urbanos consolidados que presenten abandono, peligro de derrumbe, falta de cerramiento perimetral o malezas persistentes, porcentaje que podrá incrementarse ante reincidencias. Según Andrada, la medida no tiene fin recaudatorio, sino que busca disuadir la falta de mantenimiento. El propietario podrá suspender el recargo si realiza las obras necesarias o si acuerda voluntariamente ceder el inmueble por 24 meses, en cuyo caso el terreno podría destinarse a espacios verdes, huertas o centros comunitarios, quedando exento de impuestos provinciales durante ese período. «Las cesiones de uso son 24 meses y nadie pierde», sostuvo el legislador. El proyecto también prevé asistencia técnica e incentivos fiscales para restaurar fachadas de inmuebles de valor patrimonial o ubicados en cascos históricos.
Desde la oposición, el diputado Francisco Monti (LLA) acompañó los objetivos generales pero advirtió sobre una posible superposición entre competencias provinciales y municipales, y cuestionó que el recargo impositivo pudiera generar problemas sin procedimientos claros de constatación, notificación y defensa para los propietarios. También objetó que se priorizaran las intervenciones en viviendas de mayores de 65 años, al considerar que la edad por sí sola no determina vulnerabilidad económica: «Tenemos que ordenar las prioridades», planteó, recordando otras demandas de infraestructura que enfrenta la provincia.
Desde el PRO, Natalia Saseta anticipó su acompañamiento al espíritu de la propuesta, aunque reclamó precisiones para compatibilizarla con el derecho de propiedad: «El Estado puede y debe intervenir cuando el estado de un inmueble genere un riesgo para la seguridad o la salud de terceros», sostuvo, aunque remarcó que esa intervención debía tener criterios objetivos, intimación previa, plazos razonables y derecho a la defensa. Tiago Puente (Generar) coincidió con el diagnóstico, pero pidió que el financiamiento estatal quedara asociado a situaciones comprobables de vulnerabilidad económica y reglas más precisas para la cesión temporal de terrenos.
Tras un cuarto intermedio, se incorporaron modificaciones acordadas entre los bloques: el financiamiento del 100% de los materiales para casos prioritarios quedará condicionado a la acreditación de vulnerabilidad económica; el recargo inmobiliario requerirá inspección, informe técnico fundado, notificación fehaciente e intimación previa con plazo razonable; y la cesión temporal de inmuebles deberá contar con consentimiento previo, libre y expreso del propietario, sin implicar transferencia ni pérdida del derecho de propiedad, estableciendo plazo, destino, mantenimiento y responsabilidad por daños en cada convenio.
