La explicación de Manuel Adorni no sólo resulta insuficiente. Lo más irritante es que pareciera que quienes dudan de sus versiones son los que están equivocados.
Durante meses se negó cualquier irregularidad, se descalificaron cuestionamientos y se respondió con soberbia a quienes pedían explicaciones. Finalmente, cuando aparecieron rectificaciones y nuevas aclaraciones sobre bienes y fondos que no habían sido informados oportunamente, la sociedad recibió una explicación que deja más preguntas que respuestas.
Y ahora resulta que deberíamos pedir disculpas.
Como si el problema fuera la desconfianza de la gente y no la falta de transparencia de un funcionario público.
La confianza no se exige, se construye. Y cuando un funcionario modifica declaraciones, incorpora información que antes no figuraba y cambia sus explicaciones con el paso del tiempo, la responsabilidad de disipar las dudas es exclusivamente suya.
Lo preocupante es el mensaje político que queda flotando. Porque mientras millones de argentinos deben justificar hasta el último peso ante el Estado, parece que algunos funcionarios cuentan con un sistema mucho más comprensivo para explicar patrimonios que aparecen tarde, bienes que no estaban y fondos que recién se reconocen cuando ya no pueden ocultarse detrás de una conferencia de prensa.
Entonces surge una pregunta incómoda: ¿las leyes están pensadas para garantizar igualdad ante la ley o para ofrecer una salida elegante a quienes tienen patrimonios con demasiadas zonas grises?
Tal vez todo sea legal. Tal vez cada peso y cada dólar tenga una explicación. Pero la ética pública exige algo más que legalidad. Exige coherencia.
Y la coherencia empieza por una regla simple: quien hizo campaña prometiendo transparencia absoluta no puede pretender que la sociedad aplauda explicaciones que ni siquiera alcanzan para despejar las dudas más elementales.
Los ciudadanos no están obligados a creer. Son los funcionarios quienes están obligados a convencer.
