El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanzará en la desadjudicación de viviendas que no estén siendo habitadas por sus beneficiarios, en el marco de un esquema de controles más estrictos sobre el uso de las casas entregadas.
La medida apunta a recuperar unidades que, pese a haber sido adjudicadas, permanecen vacías o no cumplen con el destino de vivienda única familiar. Según lo establecido en los contratos, los adjudicatarios están obligados a ocupar las casas en un plazo determinado y a utilizarlas como residencia habitual.
En caso de incumplimiento, el IPV puede iniciar un proceso de desadjudicación que, en última instancia, implica la pérdida de la vivienda. Este procedimiento no es inmediato: incluye inspecciones, notificaciones y la posibilidad de que el adjudicatario realice su descargo antes de la decisión final.
Uno de los puntos más sensibles es que, de concretarse la desadjudicación, el beneficiario pierde lo abonado hasta el momento. La normativa establece que, ante la rescisión por incumplimiento, no corresponde la devolución de las cuotas ordinarias pagadas.
Desde el organismo remarcan que el objetivo es garantizar que las viviendas lleguen a familias que realmente las necesiten y las habiten, en un contexto donde aún hay una alta demanda habitacional en la provincia.
Además de los casos de viviendas deshabitadas, también están bajo revisión situaciones de morosidad en el pago de cuotas y posibles irregularidades, como ocupaciones indebidas.
