La referente de GENERAR analizó el nuevo escenario minero de la provincia y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, proveedores locales, capacitación, infraestructura y controles ambientales.
La inversión minera vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió una nueva etapa para Catamarca, pero también plantea interrogantes sobre cuánto de ese movimiento económico puede transformarse en empleo, proveedores y desarrollo dentro de la provincia.
Sobre ese escenario se pronunció la exdiputada provincial y referente de GENERAR, Silvana Carrizo, quien sostuvo que el desafío para Catamarca es lograr que las inversiones vinculadas a la actividad minera tengan un impacto concreto en las comunidades.
Según señaló, los proyectos aprobados bajo el RIGI representan una oportunidad para la provincia, aunque remarcó que los montos anunciados corresponden a compromisos de inversión y no necesariamente a desembolsos ya realizados.
“Estamos hablando de inversiones enormes, que confirman el potencial de Catamarca en litio, oro y plata. Pero que se anuncien cifras millonarias no significa, por sí solo, que el desarrollo vaya a llegar a los catamarqueños”, afirmó Carrizo.
El RIGI y el nuevo escenario minero
Catamarca adhirió al RIGI en septiembre de 2024 mediante la Ley Provincial N.º 5.863, que incorporó a la provincia al Título VII de la Ley Nacional N.º 27.742. La norma reafirmó además las competencias y jurisdicción de Catamarca sobre las materias de su competencia.
Entre los proyectos mineros que ingresaron al régimen se encuentra Diablillos, cuyo plan fue aprobado por el Ministerio de Economía de la Nación en 2026 para actividades vinculadas con la factibilidad del yacimiento y el desarrollo de infraestructura para una planta de procesamiento de oro y plata en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca.
También fue aprobado bajo el RIGI el proyecto Hombre Muerto Oeste, de Galán Litio, destinado a la producción de carbonato de litio equivalente en Catamarca.
La información oficial del Gobierno nacional señala que el RIGI contempla proyectos de distintos sectores y permite consultar las inversiones comprometidas y los empleos asociados a las iniciativas aprobadas.
Carrizo puso el foco en el control de los compromisos asumidos por las empresas y sostuvo que la previsibilidad que el régimen ofrece a las inversiones debería estar acompañada, desde su perspectiva, por mecanismos provinciales que permitan verificar su impacto económico y social.
“El RIGI les garantiza a las empresas estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante treinta años. Si el Estado les ofrece previsibilidad durante tres décadas, Catamarca tiene derecho a exigir previsibilidad sobre las inversiones, el empleo, los proveedores, el cuidado ambiental y los beneficios que quedarán en nuestra provincia”, sostuvo.
Proveedores locales y capacitación
Uno de los principales puntos planteados por la dirigente fue el desarrollo de proveedores catamarqueños.
Carrizo consideró que la provincia debería fortalecer a sus empresas para que puedan participar de las cadenas de compras y contrataciones que generen los proyectos mineros.
En ese sentido, propuso la creación de un registro provincial de proveedores mineros con rango de ley, acompañado por reglas y mecanismos de control.
Otro de los ejes de su planteo fue la formación laboral. La referente de GENERAR propuso una mayor articulación entre el Gobierno provincial, la Universidad Nacional de Catamarca y las escuelas técnicas para anticipar los perfiles profesionales que requerirá la expansión de la actividad.
“No podemos esperar a que las empresas comiencen a buscar trabajadores para recién preguntarnos qué formación necesitan. Tenemos que anticiparnos para que nuestros jóvenes puedan acceder a empleos de calidad y no queden mirando desde afuera”, manifestó.
Regalías, infraestructura y control ambiental
Carrizo también vinculó el crecimiento de la actividad minera con la necesidad de que los departamentos productores puedan observar resultados concretos en infraestructura y servicios.
“Las regalías tienen que verse en caminos, energía, conectividad, agua, educación y mejores servicios. Las comunidades que viven cerca de los proyectos deben ser las primeras en percibir los beneficios del desarrollo”, afirmó.
La dirigente planteó además la necesidad de fortalecer los controles ambientales y la participación de las comunidades desde las primeras etapas de los proyectos.
Para Carrizo, la información y la participación comunitaria no deberían aparecer únicamente cuando surge un conflicto, sino formar parte del proceso desde el comienzo.
“La minería necesita licencia legal, pero también confianza y licencia social”, sostuvo.
“Este nuevo ciclo debe dejar capacidades en Catamarca”
La exlegisladora consideró que la provincia tiene experiencia suficiente para evaluar los resultados de anteriores etapas de desarrollo minero y utilizar esas experiencias para definir nuevas políticas.
A su entender, el nuevo ciclo debería dejar empleo, empresas proveedoras fortalecidas, trabajadores capacitados, infraestructura y conocimiento, además de la actividad extractiva.
“La inversión puede llegar a Catamarca, pero nuestra responsabilidad es lograr que el desarrollo se quede acá”, concluyó.
Carrizo también planteó que una política minera de largo plazo debería involucrar a los distintos niveles del Estado, las empresas, las universidades, los trabajadores y las comunidades, más allá de los gobiernos y sectores políticos de cada momento.
