El presidente de El Salvador promulgó una polémica reforma que habilita condenas de por vida a adolescentes por delitos graves. Organismos internacionales advierten por violaciones a derechos humanos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, avanzó un paso más en su política de seguridad extrema y promulgó una ley que permite aplicar cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años.
La medida, aprobada previamente por la Asamblea Legislativa con amplia mayoría oficialista, alcanza a delitos considerados graves como homicidio, violación, femicidio y pertenencia a pandillas.
La reforma implica un cambio profundo en el sistema penal juvenil: elimina beneficios y protecciones que antes tenían los adolescentes y los somete a penas equivalentes a las de adultos. Además, contempla que los condenados puedan ser enviados a centros penitenciarios de alta seguridad.
Desde el gobierno, la justificación es clara: endurecer las penas para combatir el crimen organizado y cerrar lo que consideran “zonas de impunidad” utilizadas por las pandillas.
Sin embargo, la decisión generó fuerte rechazo internacional. Organismos de derechos humanos y la ONU cuestionaron la medida por considerar que vulnera los derechos de niños y adolescentes, en el marco de un régimen de excepción que ya lleva años y suma miles de detenciones.
El contexto no es menor: desde 2022, El Salvador lleva adelante una ofensiva masiva contra las pandillas que redujo drásticamente los homicidios, pero también fue señalada por denuncias de abusos, detenciones arbitrarias y debilitamiento institucional.
Con esta nueva ley, Bukele redobla su modelo de seguridad. Para algunos, una solución efectiva. Para otros, un límite que se corre peligrosamente.
